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Consideraciones para realizar Visitas Domiciliarias 2016
ENERO 28 2016

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA REALIZAR VISITAS DOMICILIARIAS COMO PARTE DE LOS PROCESOS DE RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE PERSONAL. 


1.1 Aspectos Teóricos y Marco Legal


En las últimas décadas, las estructuras tradicionales del Derecho del Trabajo han sido sometidas a cambios dirigidos principalmente a tratar de subordinar su construcción a los requerimientos de la economía. Sin embargo, en este período, paradójicamente, el Derecho del Trabajo ha sufrido además una notable expansión de sus objetivos protectores. De tal suerte, hemos sido testigos de un proceso conforme al cual se ha creado una tutela –para algunos excesiva, para otros justa- de los derechos del trabajador como titular de derechos fundamentales, tanto como individuo en particular, como miembro de una colectividad.


Estos derechos fundamentales los adquiere el trabajador por su función de miembro de una comunidad, ciudadano en el más amplio sentido de su expresión, sea de la persona protegida y amparada bajo un cuerpo de leyes, derechos inherentes a todos los miembros de esa colectividad. Estos derechos, desde su perspectiva, son considerados como universales, toda vez que le corresponden y protegen a cualquier individuo por el solo hecho de ser tal.


Estos derechos se pueden identificar por dos características:


 La primera de ellas refiere a su carácter de fundamentales, lo cual deriva del hecho de aparecer plasmados o recogidos en la Constitución y declaraciones de rango constitucional o pactos internacionales.


La segunda está caracterizada por su naturaleza, sea relativa a derechos de libertad o derechos negativos de inmunidad.


A manera de ejemplo, la doctrina enumera algunos de estos derechos como:



  • A la vida, la integridad física, psíquica y moral y al libre desarrollo de la personalidad.

  • A la libertad ideológica y religiosa.

  • A la libertad de expresión e información.

  • A la intimidad personal y familiar.

  • Al honor, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones.

  • A reunirse y asociarse.

  • A la igualdad ante la ley, sin discriminaciones.


Todos estos derechos, como hemos mencionado, son derechos reconocidos constitucionalmente o por medio de declaraciones o tratados internacionales, y su aplicación es de carácter general y universal, no específicamente laboral. Ha sido la evolución del pensamiento constitucional lo que ha llegado a determinar que dichos derechos pueden ser ejercidos por los ciudadanos de forma universal, en todos los ámbitos de su vida, incluido el de las relaciones de trabajo. 


1.2 Sobre la protección a la intimidad de la información.


Para analizar en forma amplia el caso de las visitas domiciliarias, es importante referirnos primero al tema de la intimidad del trabajador, siendo que su domicilio –entre otros- forma parte de lo que este derecho humano reconoce como su esfera privada.


El tema de la intimidad –incluida dentro de esta, la privacidad- se desarrolla en varias normas de alto nivel como lo son la Constitución Política y tratados sobre derechos humanos.


En primer término, los artículos 23 y 24 de la Constitución Política establecen:


ARTÍCULO 23.- El domicilio y todo otro recinto privado de los habitantes de la República son inviolables. No obstante pueden ser allanados por orden escrita de juez competente, o para impedir la comisión o impunidad de delitos, o evitar daños graves a las personas o a la propiedad, con sujeción a lo que prescribe la ley.


ARTÍCULO 24.- Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones.


Son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.


Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su aplicación y control serán responsabilidad indelegable de la autoridad judicial.


 La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utilización de los fondos públicos.


 Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Administración Pública podrán revisar los documentos que esa ley señale en relación con el cumplimiento de sus competencias de regulación y vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa revisión.


 No producirán efectos legales, la correspondencia que fuere sustraída ni la información obtenida como resultado de la intervención ilegal de cualquier comunicación.


Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, indica:


 ARTÍCULO 12.- Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación.  Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.


 En este mismo sentido nos refiere el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos:


 Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia (…). Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.


 Ahora bien, por tratarse, como ya se ha visto, de un derecho humano fundamental, es esencial reconocer sus alcances y límites.


 La jurisprudencia constitucional de Costa Rica ha interpretado las normas arriba mencionadas de la siguiente forma:


 “El numeral 24 de la Constitución Política consagra el derecho fundamental a la intimidad. Se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también puede ser que lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados, esté en ese ámbito. De esta manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad, que es un derecho esencial de todo individuo. El domicilio y las comunicaciones solo ceden por una causa justa y concreta. Lo mismo debe suceder con la intimidad en general, pues como indica la Convención Americana de Derechos Humanos, "...nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación..." (…). Voto No. 1026-94


 De similar manera se expresa el voto 1261-90, el cual cita:


 "Costa Rica, en el artículo 1° de su Constitución Política, al constituirse en Estado según los principios básicos de una democracia, optó por una formulación política en la que el ser humano, por el simple hecho de serlo, por haber nacido tal, es depositario de una serie de derechos que le son dados en


 protección de su dignidad, derechos que no pueden serle desconocidos sino en razón de intereses sociales superiores, debidamente reconocidos en la propia Constitución o las leyes." "En una democracia todo ciudadano tiene derecho a mantener reserva sobre ciertas actividades u opiniones suyas y obtener amparo legal para impedir que sean conocidas por otros...; resulta imposible o muy difícil convivir y desarrollar a plenitud los fines que una persona se propone, sin gozar de un marco de intimidad, protegido de injerencias del Estado u otros ciudadanos. Así la Convención Americana sobre Derechos Humanos -Pacto de San José-, reconociendo esos principios, en su artículo 11.2-3 dispone: Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques." La Sala está consciente de la dificultad de lograr un equilibrio entre los intereses en juego -individuales y sociales-, pero es su deber señalar que en tratándose de la libertad e intimidad de los ciudadanos, el Constituyente les garantizó un ámbito propio, su esfera privada, que en principio es inviolable y sólo parcialmente allanable con intervención de Juez en procura de resguardar bienes jurídicos de mayor jerarquía.”


  Visto lo anterior, podemos concluir que el Derecho a la Intimidad se encuentra ligado a la posibilidad del individuo de no revelar todo lo vinculado a su esfera interior y la del grupo en el cual se desenvuelve. Todo lo relativo a dicha esfera está vedada del conocimiento público.


 Este derecho se compone de 3 aspectos fundamentales:



  1. La tranquilidad.


Se compone del derecho de todo individuo a disponer de momentos de soledad, indispensables para el perfeccionamiento de la personalidad humana.



  1. La autonomía.


Implica la libertad de tomar decisiones relacionadas con las áreas fundamentales nuestras vidas.



  1. El control de la información personal. Este tiene dos vertientes: la posibilidad de mantener ocultos o reservados datos o aspectos de la vida y; la posibilidad que corresponde a cada individuo de controlar el manejo y circulación de la información que hay sobre su persona.


 Al respecto señala la Sala Constitucional:


 “El derecho a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal y como lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia esta Sala. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos, datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede turbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona asienta a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también pueda ser lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados en ese ámbito.” Voto 2008-017086 de la Sala Constitucional.


Visto lo anterior, hay dos elementos que se deben de resaltar del criterio constitucional, los cuales son:



  • No todo conocimiento o revelación de datos de una persona quebranta el derecho a la intimidad, sino sólo aquellos que la turben moralmente y que puedan afectar su pudor o recato.



  • No se trata de un derecho absoluto e irrenunciable, ya que la misma persona puede consentir en compartir su intimidad.


1.3      Privacidad en las relaciones laborales


En algún momento de la historia, un sector empresarial, confundió sus facultades de dirección frente a la autonomía de voluntad y derecho a la intimidad de su fuerza laboral. Este último sector, bajo la subordinación que caracteriza la dependencia laboral es sujeto de una serie de medidas tendientes a organizar y vigilar la óptima prestación del servicio pactado. No obstante, las tendencias actuales limitan cada vez más el ámbito de actuación patronal, basadas en el respeto a los Derechos Fundamentales del empleado.


 Hoy en día, este aspecto es de medular importancia. Así lo ha considerado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, al decir:


“El derecho a la intimidad en la esfera laboral, presupone que la persona trabajadora se encontrará libre de injerencias arbitrarias en su vida privada, lo que quiere decir, que contará con un ámbito autónomo y reservado de la acción y conocimiento de los demás, razón por la cual el empleador encontrará una frontera a sus potestades, con independencia de que ese derecho pudiera ser ejercicio por medio de las herramientas de trabajo por él suministradas.” (Voto 2011-172 de la Sala Segunda)


De la misma manera, la Sala Segunda ha expresado sobre el derecho y protección de la intimidad del trabajador lo siguiente:


 III.- ANÁLISIS DEL CASO: Está claro que: “La celebración de un contrato de trabajo, y el consiguiente nacimiento de una relación jurídico-laboral, hace presentes unos poderes y facultades del empresario, situando al trabajador en posición dependiente respecto a aquel”. Sin embargo, “Puesto que en el lado de la relación correspondiente al deudor de trabajo, la posición de persona y la posición de trabajador son inescindibles, importa determinar hasta qué punto los derechos que a este le son inherentes, en su dimensión estrictamente privada, por su condición de persona resultan limitados como consecuencia de la situación subordinada que, como trabajador, adopta”. (Pedrajas Moreno, Abdón, Despido y derechos fundamentales. Un estudio especial de la presunción de inocencia, Madrid, Editorial Trotta, S.A. 1992, p. 22). A ese tenor, esta Sala ha reiterado el criterio de que los derechos de control y fiscalización que le asisten a quien emplea en las relaciones de trabajo tienen como límites el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, que las amparan por su condición de tales y que son preexistentes al contrato de trabajo. En relación con el derecho fundamental a la intimidad, incluido en el ámbito de los derechos laborales inespecíficos, la Sala Constitucional ha señalado: “El derecho a la intimidad consagrado en el artículo 24 de la Constitución Política, se trata de un fuero de protección a la vida privada de los ciudadanos, tal y como lo ha manifestado en reiterada jurisprudencia la Sala. La intimidad está formada por aquellos fenómenos, comportamientos datos y situaciones de una persona que normalmente están sustraídos al conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por éstos puede perturbarla moralmente por afectar su pudor y su recato, a menos que esa misma persona consienta a ese conocimiento. Si bien, no puede menos que reputarse que lo que suceda dentro del hogar del ciudadano es vida privada, también pueda ser lo que suceda en oficinas, hogares de amigos y otros recintos privados en ese ámbito. De esta manera los derechos constitucionales de inviolabilidad del domicilio, de los documentos privados y de las comunicaciones existen para proteger dicha intimidad en general, pues como indica la Convención Americana de Derechos Humanos, ![...] 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación”. (Sentencia n.o 1416, de las 16:45 horas del 29 de enero de 2008). Así, entre el ejercicio del poder de dirección y control por parte de quien emplea y los derechos fundamentales que asisten a toda persona trabajadora debe mediar un equilibrio razonable, que no resulte en detrimento de esos derechos de mayor jerarquía. En consecuencia, las medidas de control que se adopten deben responder a una necesidad objetiva y deben ser proporcionales al fin buscado. La prueba que se aporte para acreditar un determinado comportamiento considerado como grave por parte del o de la empleadora resulta entonces válida en el tanto haya mediado ese equilibrio, que garantice el respeto de los derechos fundamentales de las personas trabajadoras. (Voto 2013-000599)


Visto todo lo anterior, podemos adelantar que hay dos factores importantes que se deben determinar y recalcar:



  1. No toda la información viola el derecho de intimidad;

  2. El trabajador puede renunciar a dicho derecho.


1.4. Sobre la Protección de Datos


Mediante la ley número 8968, el Estado creó la ley denominada PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES.


El objetivo de esta ley consiste en garantizar a cualquier persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o bienes. 


El ámbito de aplicación de esta ley tiene dos vertientes:



  • Esta ley será de aplicación a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda modalidad de uso posterior de estos datos.

  • El régimen de protección de los datos de carácter personal que se establece en esta ley no será de aplicación a las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines exclusivamente internos, personales o domésticos, siempre y cuando estas no sean vendidas o de cualquier otra manera comercializadas.


Conforme esta ley, toda persona tiene derecho a la autodeterminación informativa, la cual abarca el conjunto de principios y garantías relativas al legítimo tratamiento de sus datos personales reconocidos en la ley. Se reconoce también la autodeterminación informativa como un derecho fundamental, con el objeto de controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona, derivado del derecho a la privacidad, evitando que se propicien acciones discriminatorias.


Dentro de este marco regulatorio, se establecen ciertos principios y procedimientos que se deben de observar para el debido y correcto tratamiento de la recolección de la información. De tal suerte nos cita: 


ARTÍCULO 5.- Principio de consentimiento informado



  1. 1.     Obligación de informar 


Cuando se soliciten datos de carácter personal será necesario informar de previo a las personas titulares o a sus representantes, de modo expreso, preciso e inequívoco:



  1. a.     De la existencia de una base de datos de carácter personal.

  2. b.     De los fines que se persiguen con la recolección de estos datos.

  3. c.     De los destinatarios de la información, así como de quiénes podrán consultarla.

  4. d.     Del carácter obligatorio o facultativo de sus respuestas a las preguntas que       se le  formulen durante la recolección de los datos.

  5. e.     Del tratamiento que se dará a los datos solicitados.

  6. f.      De las consecuencias de la negativa a suministrar los datos.

  7. g.     De la posibilidad de ejercer los derechos que le asisten.

  8. h.     De la identidad y dirección del responsable de la base de datos. 


Cuando se utilicen cuestionarios u otros medios para la recolección de datos personales figurarán estas advertencias en forma claramente legible.



  1. 2.      Otorgamiento del consentimiento


Quien recopile datos personales deberá obtener el consentimiento expreso de la persona titular de los datos o de su representante. Este consentimiento deberá constar por escrito, ya sea en un documento físico o electrónico, el cual podrá ser revocado de la misma forma, sin efecto retroactivo.


             No será necesario el consentimiento expreso cuando:



  1. a.     Exista orden fundamentada, dictada por autoridad judicial competente o acuerdo adoptado por una comisión especial de investigación de la Asamblea         Legislativa en el ejercicio de su cargo.

  2. b.     Se trate de datos personales de acceso irrestricto, obtenidos de fuentes de acceso público general.

  3. c.     Los datos deban ser entregados por disposición constitucional o legal.


 Se prohíbe el acopio de datos sin el consentimiento informado de la persona, o bien, adquiridos por medios fraudulentos, desleales o ilícitos.


 ARTÍCULO 6.- Principio de calidad de la información


Solo podrán ser recolectados, almacenados o empleados datos de carácter personal para su tratamiento automatizado o manual, cuando tales datos sean actuales, veraces, exactos y adecuados al fin para el que fueron recolectados.



  1. 1.     Actualidad


Los datos de carácter personal deberán ser actuales. El responsable de la base de datos eliminará los datos que hayan dejado de ser pertinentes o necesarios, en razón de la finalidad para la cual fueron recibidos y registrados. En ningún caso, serán conservados los datos personales que puedan afectar, de cualquier modo, a su titular, una vez transcurridos diez años desde la fecha de ocurrencia de los hechos registrados, salvo disposición normativa especial que disponga otra cosa. En caso de que sea necesaria su conservación, más allá del plazo estipulado, deberán ser desasociados de su titular.



  1. 2.     Veracidad


Los datos de carácter personal deberán ser veraces.


La persona responsable de la base de datos está obligado a modificar o suprimir los datos que falten a la verdad. De la misma manera, velará por que los datos sean tratados de manera leal y lícita.



  1. 3.     Exactitud


Los datos de carácter personal deberán ser exactos. La persona responsable de la base de datos tomará las medidas necesarias para que los datos inexactos o incompletos, con respecto a los fines para los que fueron recogidos o para los que fueron tratados posteriormente, sean suprimidos o rectificados.


Si los datos de carácter personal registrados resultan ser inexactos en todo o en parte, o incompletos, serán eliminados o sustituidos de oficio por la persona responsable de la base de datos, por los correspondientes datos rectificados, actualizados o complementados. Igualmente, serán eliminados si no media el consentimiento informado o está prohibida su recolección.



  1. 4.     Adecuación al fin


Los datos de carácter personal serán recopilados con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados posteriormente de manera incompatible con dichos fines.


No se considerará incompatible el tratamiento posterior de datos con fines históricos, estadísticos o científicos, siempre y cuando se establezcan las garantías oportunas para salvaguardar los derechos contemplados en esta ley.


Las bases de datos no pueden tener finalidades contrarias a las leyes ni a la moral pública.


De igual manera, el cuerpo legal de marras informa sobre los derechos que le asisten a la persona sobre la cual se recopiló la información. En tal sentido cita el artículo 7: 


ARTÍCULO 7.- Derechos que le asisten a la persona


Se garantiza el derecho de toda persona al acceso de sus datos personales, rectificación o supresión de estos y a consentir la cesión de sus datos.


La persona responsable de la base de datos debe cumplir lo solicitado por la persona, de manera gratuita, y resolver en el sentido que corresponda en el plazo de cinco días hábiles, contado a partir de la recepción de la solicitud.



  1. 1.     Acceso a la información


La información deberá ser almacenada en forma tal que se garantice plenamente el derecho de acceso por la persona interesada. 


El derecho de acceso a la información personal garantiza las siguientes facultades del interesado:



  1. a.     Obtener en intervalos razonables, según se disponga por reglamento, sin demora y a título gratuito, la confirmación o no de la existencia de datos      suyos en archivos o bases de datos. En caso de que sí existan datos suyos, estos deberán ser comunicados a la persona interesada en forma precisa y entendible.

  2. b.     Recibir la información relativa a su persona, así como la finalidad con que fueron recopilados y el uso que se le ha dado a sus datos personales. El informe deberá ser completo, claro y exento de codificaciones. Deberá estar acompañado de una explicación de los términos técnicos que se utilicen.

  3. c.     Ser informado por escrito de manera amplia, por medios físicos o electrónicos, sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento solo comprenda un aspecto de los datos personales. Este informe en ningún caso podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con la persona interesada, excepto cuando con ellos se pretenda configurar un delito penal.

  4. d.     Tener conocimiento, en su caso, del sistema, programa, método o proceso utilizado en los tratamientos de sus datos personales. 


El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos.



  1. 2.     Derecho de rectificación


Se garantiza el derecho de obtener, llegado el caso, la rectificación de los datos personales y su actualización o la eliminación de estos cuando se hayan tratado con infracción a las disposiciones de la presente ley, en particular a causa del carácter incompleto o inexacto de los datos, o hayan sido recopilados sin autorización del titular.


Todo titular puede solicitar y obtener de la persona responsable de la base de datos, la rectificación, la actualización, la cancelación o la eliminación y el cumplimiento de la garantía de confidencialidad respecto de sus datos personales.


El ejercicio del derecho al cual se refiere este artículo, en el caso de datos de personas fallecidas, le corresponderá a sus sucesores o herederos. 


Finalmente, la misma ley dispone de las excepciones al principio de autodeterminación de la información, conforme al artículo 8, el cual cita: 


ARTÍCULO 8.- Excepciones a la autodeterminación informativa del ciudadano


Los principios, los derechos y las garantías aquí establecidos podrán ser limitados de manera justa, razonable y acorde con el principio de transparencia administrativa, cuando se persigan los siguientes fines:



  1. a.     La seguridad del Estado.


  1. b.     La seguridad y el ejercicio de la autoridad pública.

  2. c.     La prevención, persecución, investigación, detención y represión de las infracciones penales, o de las infracciones de la deontología en las       profesiones. 

  3. d.     El funcionamiento de bases de datos que se utilicen con fines estadísticos, históricos o de investigación científica, cuando no exista riesgo de que las personas sean identificadas.

  4. e.     La adecuada prestación de servicios públicos.

  5. f.      La eficaz actividad ordinaria de la Administración, por parte de las autoridades oficiales. 


Existen una serie de reglas y directrices para el tratamiento de la información contenidas en dicha ley, razón por la cual recomendamos la lectura integral de la ley citada a efectos de la implementación de que se trata. Verhttp://www.pgr.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_repartidor.asp?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=70975&strTipM=TC 


1.5 Consultas cotidianas


La empresa desea implementar como nueva práctica en el proceso de Reclutamiento y Selección la realización de un “Estudio de Vidas y Costumbres”  el cual  lo realizaría un profesional en Trabajo Social e incluiría algunas actividades como estudio socioeconómico, visita domiciliaria y  estudio  endeudamiento entre otros.


Sobre este punto quisiéramos saber:



  1. 1.    Si existe alguna limitación legal para implementar esta práctica en personal de nuevo ingreso?


Las limitaciones son las que describimos en líneas anteriores, sea que sean proporcionales, no violatorias del derecho a la intimidad y que exista una aceptación expresa de parte de la persona para suministrar dicha información.


Las personas que elaboren el estudio de vida y costumbres debe de tener pleno conocimiento del marco normativo aplicable, y trabajar con un protocolo sobre el tratamiento que debe darse a esta información de manera tal que el proceso pueda demostrar la seguridad de dicha información conforme los requerimientos legales.  Para ello se sugiere un adecuado acompañamiento por parte de RRHH, bajo la supervisión de la asesoría legal, y el desarrollo de los protocolos que recomiendan los expertos en cuanto a manejo de bases de datos.


Es importante desarrollaro modificar el formulario de solicitud de empleo, para poder incluir ahí la información necesaria, respecto del consentimiento informado, detallando qué información deberá mantener el candidato como accesible y objeto de consulta, incluyendo pero no limitada a:



  • Entrevistas

  • Estudio de antecedentes crediticios

  • Confirmación de referencias

  • Visita domiciliaria

  • Pruebas médicas, sicológicas y de drogas



  • 2.    De querer  implementarlo en colaboradores activos qué cuidados debemos tener.


Se debe de seguir al pie de la letra lo que dispone la ley de PROTECCIÓN DE LA PERSONA FRENTE AL TRATAMIENTO DE SUS DATOS PERSONALES en los términos expuestos en líneas anteriores. Incluso sería recomendable la creación de una política en dicho sentido. Debe de tenerse claro, que un trabajador puede negarse a brindar información conforme lo dispuesto por la ley.


En el caso de este personal, será aplicable lo que al efecto establezca la política desarrollada de conformidad con la normativa y criterios jurisprudenciales ampliamente expuestos.  Mucha de la información podrá ser completada a través de bases de datos de información pública.


Para acceder al Boletín supra puede ingresar al link: http://www.gaceta.go.cr/pub-boletin/2015/12/bol_22_12_2015.html 


Nos ponemos a su disposición para aclarar cualquier consulta al respecto y a su vez, aprovechamos para recordarles que en el siguiente link: http://www.laborlawcorp.com/boletinesllc encontrarán todos nuestros boletines.


Contáctenos 
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Socio Director
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