IF-053 Divulgación de Denunciados en Procesos de Acoso Sexual
JUNIO 2019
Boletín Informativo
Boletín Labor Law Corp
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La información contenida en este boletín fue preparada por Labor Law Corp Costa Rica y es sólo para fines educativos e informativos y no constituye asesoría legal.

SOBRE LA DIVULGACION DE LA IDENTIDAD DE LA PARTE DENUNCIADA EN UN PROCESO DE ACOSO SEXUAL

Con la propiedad que me da el haber sido corredactor del primer Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en el Poder Judicial en el año 1996, junto con dos ilustres funcionarias más, y asimismo, haber desarrollado para la empresa privada más de doscientas políticas, capacitaciones e investigaciones por denuncias de acoso sexual, entre 1997 y la fecha, debo iniciar este artículo de opinión, transcribiendo el artículo 18 de la Ley Contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia y que desarrolla los principios rectores en los procedimientos internos de investigación frente a una denuncia de presunto hostigamiento sexual:

Artículo 18.- Principios que informan el procedimiento. Informan el procedimiento de hostigamiento sexual los principios generales del debido proceso, la proporcionalidad y la libertad probatoria, así como los específicos, entendidos como la confidencialidad, que implica el deber de las instancias, las personas representantes, las personas que comparecen como testigas y testigos y las partes que intervienen en la investigación y en la resolución, de no dar a conocer la identidad de las personas denunciantes ni la de la persona denunciada y, el principio pro víctima, el cual implica que, en caso de duda, se interpretará en favor de la víctima. 
(Así adicionado por el artículo 2º de la ley Nº 8805 del 28 de abril de 2010)  El destacado y el subrayado no son del original.

Ha de quedar claro, que ni en 1995 con el texto original, ni en 2010 con la reforma, se abrió la posibilidad de que una vez esté concluido el procedimiento, se pudiera divulgar el nombre de la persona denunciada -culpable o inocente-, siendo que al MTSS en el sector privado, y a la Defensoría de los Habitantes en el sector público, se les debe informar de la existencia del proceso y de la finalización del mismo, pero sin entrar a identificar a las partes más allá de sus iniciales.

Quien esté promoviendo que en el Sector Público, a requerimiento de Diputados o de entidades estatales, y desde una evidente perspectiva de género, se divulgue los nombres de las personas denunciadas, e indica para paliar su ocurrencia, que se debe abrir a una discusión nacional si la confidencialidad cesa con la terminación del procedimiento, está proponiendo que se cometa una ilegalidad, porque es una interpretación sesgada del artículo 18 supracitado, ya que la confidencialidad es absoluta e indefinida, y si no es así, entonces, para no incurrir en un acto discriminatorio que tanto se cuestiona, entonces:

  1. Se debe identificar a las dos partes.
  2. Se debe llevar un registro nacional de acosadores sexuales.
  3. Se debe crear un registro nacional de perpretradores sexuales condenados como ocurre en algunos Estados de los Estados Unidos de América, con identificación clara de sus domicilios, trabajo y actividades.
  4. Se debe crear un registro nacional de acosadores laborales.
Y cuidado, si no también, la perspectiva de género abre sorpresas, ya que en mi experiencia he tenido casos de acoso sexual entre hombres, de mujeres a mujeres, de mujeres a hombres, de manera que la leyenda de que el acosador siempre es un hombre y la víctima una mujer, en la vida real no es tan así.

Parecen obviar o desconocer quienes proponen la sanción pública contra los acosadores -inocentes o no-, que entra a regir también en la materia en cuanto a los datos de la persona que obran en el expediente administrativo, la regulación que al respecto establece la Ley de protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, Nº 8968, Publicada en La Gaceta Nº 170 de 05 de setiembre de 2011, de manera que una o ambas partes pueden invocar la no revelación de sus datos personales, como lo autorizan los artículos 4 y 7 de dicha Ley, ya que no estamos ante asuntos de evidente interés público, ni de aquellos exceptuados por el numeral 8 de esa normativa.  No pierdan de vista los titulares de las instituciones públicas y quienes tramitan y custodian tales expedientes, que la Ley 8968 establece en su ordinal 11 el deber de confidencialidad, de manera que deben estarse a las consecuencias legales que derivan de transferir información protegida a la luz de los artículos 14 , 30 y 31 de la Ley 8968.

En conclusión, NO aplica ni para el sector público ni para el privado, la iniciativa o propuesta de crear una base de datos de hostigadores sexuales, ya que la información de los expedientes, aun concluido el procedimiento, es confidencial, y en particular, la identidad de las partes.

Si tiene un caso de acoso sexual, no dude en darnos la oportunidad de trabajar con usted al correo: lmedrano@laborlawcorp.com

LL.M.  LUIS MEDRANO STEELE
SOCIO DIRECTOR
LABOR LAW CORP S.A.